13.5.07

Alberto sacó 14 y no ingresó


Fotografía (c) Willi Gamboa-Ayllu Galería Multimedia

Alberto es un muchacho sencillo y entusiasta, residente de una provincia pobre del nororiente peruano, que siempre quiso ser profesor. Hijo de una madre tenaz ante la adversidad, que le mostró desde pequeño cómo era posible vivir con sencillez pero a la vez con optimismo y sin correrse de los retos, se propuso ingresar a un Instituto Superior Pedagógico a principios de este año. Se inscribió y pagó con ilusión todos sus derechos, dispuesto a seguir al pie de la letra las reglas de juego legalmente establecidas para el proceso de admisión. No obstante, dos semanas después, se entera por los diarios que estas reglas fueron súbitamente cambiadas, que ahora habría un examen único para todo el país y que debería sacar por lo menos 14 de nota para poder ingresar.

Beto no se amilanó y siguió adelante. Sabía que el Instituto Superior Pedagógico de su provincia no era la Universidad de Harvard, pero era el que tenía a la mano. En la capital de su departamento había mejores opciones, pero no tenía medios económicos para viajar hasta allá ni, menos aún, para solventar su estadía. Tomó aire, rindió su prueba y obtuvo 15,5 de nota. Fue parte del heroico 5% de postulantes que lograron pasar la valla, a pesar de la pésima educación básica que recibió del Estado en los colegios de su provincia. Era para celebrar. No obstante, semanas después, soportando la angustiosa incertidumbre que provoca la desinformación, rindió su segunda prueba: la entrevista personal. Obtuvo 13. En ese momento se entera –porque ese dato no estuvo disponible antes- que en esta segunda ocasión debía obtener también un 14 o quedaba fuera. Y quedó fuera.

Una lectura superficial de estos hechos podría llevar a conclusiones erróneas. Por ejemplo, empleando el lenguaje militar, que este ha sido el inevitable costo social de medidas drásticas pero necesarias para salvaguardar el interés colectivo. En este caso, el interés de la ciudadanía de tener una mejor educación a cargo de docentes de calidad. Esta interpretación, sin embargo, que puede sintonizar con el sentido común de un público desinformado, podría brotar espontáneamente de las personas que leen distraídamente los diarios colgados en el kiosco de la esquina donde toman el bus cada mañana. Pero sonaría extraña, por decir lo menos, si proviniera de la esquina donde se conciben y deciden las políticas públicas. Es decir, de la esquina mejor informada del país.

Para empezar, el objetivo de una medida como la nota 14, a juzgar por sus efectos, pareciera estar dirigido a reducir la sobreoferta de docentes. En un acucioso estudio realizado por Alex Ríos, investigador de PROEDUCA-GTZ, se señala que de cada 10 institutos superiores pedagógicos existentes en el país, casi 7 son privados. Sostiene además que el exceso de matrícula se concentra notoriamente en algunas regiones del país, como Apurímac, Loreto y Tumbes. En los últimos siete años, Apurímac ha visto crecer en 150% el número de matriculados en sus institutos pedagógicos, mientras Tumbes lo duplicó y Loreto casi lo quintuplicó, a pesar de ser regiones donde el número de centros educativos y de matrícula escolar se ha mantenido básicamente igual. Es decir, pese a no haberse producido allí ningún salto espectacular en la demanda de docentes. Las cifras indican además que los institutos albergan principalmente a futuros maestros de primaria. De cada 10 egresados, 6 pertenecen a esa especialidad, siendo mínima la proporción que se prepara para la educación inicial y secundaria, justamente los niveles donde hay menos cobertura educativa.

El estudio de Ríos se basa en información oficial, accesible a todo el que necesite tomar decisiones sobre formación docente basándose en evidencias. Si tal fuera el caso, lo lógico sería regular la matrícula de las entidades formadoras en función a la necesidad de docentes de sus respectivas regiones, y priorizar las especialidades de inicial y secundaria, donde la cobertura educativa es deficitaria. Pero si reducir la matrícula no basta y hace falta además cerrar institutos, no es demasiado difícil -con criterios claros de calidad a la mano- saber cuáles son los que estafan a sus estudiantes con una formación de tercera categoría, desde un afán inocultablemente mercantilista.

Pero ¿por qué se ataca el problema con la nota 14 en vez de afrontar sus causas más evidentes? No es difícil especular los motivos. Elevar la valla para el ingreso dejará a muchos institutos sin matrícula o los pondrá al borde del cierre, lo que disminuirá más la sobreoferta de docentes. La ventaja para la autoridad es que por este camino se ahorra el costo de un conflicto frontal, sobre todo con los institutos pedagógicos privados, cuyos propietarios parecen ser en varios casos gente influyente en diversas esferas y niveles del poder. Conflictos que supondrían, por supuesto, acciones judiciales, presiones políticas y agitación social, en nombre del derecho al trabajo, a la educación y a la libre empresa, con inevitable e indeseable resonancia mediática por añadidura.

Alberto y su familia, en cambio, son gente pobre sin influencias. En definitiva, no está a su alcance iniciar ni sostener un conflicto con el Estado. Tampoco pueden, ni él ni los demás postulantes, constituir un gremio con capacidad de presión, son sólo jóvenes con aspiraciones dispersos a lo largo del inmenso territorio nacional. Luego, es más ventajoso trasladar el costo de una medida radical de reducción de la sobreoferta docente a familias como la de Alberto, que tendrán que pagarlo sin chistar. Y además, cargar con la culpa de una formación deficiente, públicamente exhibida, de cuya mediocridad el propio Estado que hoy los excluye es el principal responsable.

Pero hay otra hipótesis. Podría argumentarse que la nota 14 no es una medida dirigida a reducir la sobreoferta de docentes, sino a elevar la calidad de su formación. Es decir, a impedir que se formen como maestros los peores egresados de la secundaria pública. Si esto fuera así, la pregunta inevitable es: ¿a los «mejores postulantes» al magisterio se les va a ofrecer la misma deplorable formación que a los demás? Por si fuera necesario reiterar lo que todos sabemos, la mala calidad de los docentes no es responsabilidad sólo de la mala educación básica con que llegan a un centro de educación superior, sino sobre todo de la mala formación profesional que suelen recibir allí adentro.

Para nadie es un secreto que la mayoría de institutos pedagógicos, salvo honrosísimas y notorias excepciones, conservan un formato organizacional autoritario y completamente escolarizado, donde los estudiantes son tratados como adolescentes y enseñados a la usanza de la vieja escuela, precisamente la que tendrían que salir a reinventar y transformar. No extraña por eso encontrarse con campanas de recreo, disciplina vertical y hasta uniforme, además por supuesto de las clases frontales, basadas en la entrega de información, la memoria y la repetición como esquema pedagógico básico. Paradójicamente, todo lo que deberían abolir cuando salgan a enseñar a las escuelas. Muchos han barnizado este modelo institucional con un discurso pedagógico innovador, bastante afín al discurso de las políticas oficiales, pero que no se observa en sus aulas.

La seria reforma curricular de los institutos pedagógicos efectuada años atrás por el Ministerio, pese a sus logros, ha adolecido de la misma limitación de todas las reformas curriculares ensayadas antes para la educación básica: la insuficiencia. Insuficiencia basada en una sobrevaloración del poder del currículo para arrastrar por sí solo todos los cambios institucionales y pedagógicos necesarios para lograr una formación de más calidad. Confrontarse con una nueva forma de aprender –basada ya no en la capacidad de repetir sino de pensar- exige no sólo capacitación de los agentes formadores, sino también una nueva forma de organizarse para impartir la enseñanza. No es posible formar maestros capaces de enseñar a aprender, a pensar, a resolver problemas creativamente, a trabajar eficazmente en equipo, a confiar en sí mismos, a hacer uso de la ciencia para abrir caminos nuevos, a convivir entre diferentes, bajo el mismo formato institucional de inicios del siglo XX.

Si el propósito fue mejorar calidad ¿No hubiera sido más razonable asociar una medida como la nota 14 a una reforma profunda de la formación profesional inicial, que pase por un rediseño sustancial de las instituciones formadoras? No hacerlo así, sólo crea la ilusión de un cambio que no existe. Muchachos en teoría más aptos que el promedio ingresarán a instituciones en su mayoría no aptas para asegurarles la buena formación que merecen, ellos y los niños a los que enseñarán después. Naturalmente, esta reforma supone políticas agresivas y sostenidas, que aprendan del éxito de las instituciones más innovadoras e incluyan incentivos especiales a los postulantes y estudiantes destacados, así como una nueva Carrera Pública que estimule el buen desempeño. Los resultados no se verán mañana, pero habrá señales significativas de progreso a cada paso. No hay atajos.

A veces perdemos de vista que en el tablero de las políticas públicas existen actores distintos que cumplen cada uno una función diferente. Inés Aguerrondo señala que los decisores políticos tienden a actuar bajo una lógica que no se cruza con la que anima en principio a los decisores técnicos. El actor político, independientemente del gobierno o el personaje, busca por instinto el beneficio inmediato de sus decisiones, pues su rol depende de la continua aprobación popular. El técnico se maneja con otros tiempos y necesita estar mejor informado de las premisas y consecuencias de las opciones en juego en cada circunstancia. Por lo mismo, no es realista esperar que el decisor político se subordine a la lógica de sus técnicos, pero es suicida a la vez que los técnicos se adscriban a la lógica de sus jefes políticos sólo para ahorrarse tensiones. Renovar la formación docente requiere medidas efectivas a corto plazo, pero al lado de políticas de cambio estructural cuya complejidad no permitirá resultados inmediatos ni exentos de conflictos. Sin ellas, sin embargo, el fracaso de las iniciativas gubernamentales, más de allá de sus buenas intenciones, será sólo cuestión de tiempo.

Lima, 13 de Mayo de 2007

1 comentario:

Jorge - jorge.delacuba@gmail.com dijo...

Y no solo es el caso de Alberto... como parte del proceso de admisión he visto muchos casos de jóvenes que han sido reagrupados prácticamente a la fuerza en otros ISP's, en algunos casos cambiando la especialidad para la cual optaron el ingreso, so pena de perder el cupo por el que tanto se esforzaron. Realmente lamentable.

Y quienes logramos ingresar también hemos sido olvidados, como Ud. bien dice faltó lo más importante: aplicar la valla de la nota 14 a los propios ISP's. Hubo promesas de premiarnos (a los 9 primeros ingresantes) al igual que sucedió con los 9 primeros maestros de la evaluación docente... tampoco se cumplieron. En fin, es lo que hay. Al menos tenemos la oportunidad que miles no alcanzaron. Y a nivel personal, no será una excusa para no poner de nuestra parte en la tarea de hacer de la educación peruana cada vez mejor.
Un saludo desde el ISPPEE "Maria Madre" en el Callao. Su blog ya está entre mis referencias obligadas.