Fotografía © connelly gomez/ www.flickr.com
Cada final de noviembre, la sexagenaria tía de Budy daba inicio a la temporada de las tartas de frutas. Desde hacía muchos años había inaugurado el hábito de regalarlas por navidad a medio pueblo, a pesar del profundo desinterés de sus vecinos por ella y por sus pasteles. Cada noviembre reiniciaba el mismo ritual: organizaba tómbolas de cosas viejas, vendía baldes de zarzamoras que ella y su pequeño sobrino recogían del bosque, así como tarros de mermelada casera y jalea de manzana o de melocotón en conserva, cuando no flores recogidas, ofrecidas en funerales o matrimonios. Todo con el fin de ahorrar para comprar las cerezas, cidras, jengibre, vainilla, piña hawaiana en lata, pecanas, pasas y nueces, whisky, harina, mantequilla, huevos, especias y esencias que necesitaba siempre para preparar sus tartas. Con el pasar de los años, ya sin Budy ni su mascota entrañable, ya sin fuerzas para levantarse de su lecho solitario, cada final de noviembre la tía de Budy seguía diciendo: «¡Vaya por Dios, ha llegado la temporada de las tartas de frutas!».
Así describía Truman Capote a su tía Sook en uno de sus cuentos autobiográficos («Un recuerdo navideño», 1956), una persona tan bondadosa y altruista como prisionera de sus creencias y sus rutinas. La tía era una señora honesta y generosa, entregada a sus tartas, empeñada en hacerlas bien. No es que careciera de otras aspiraciones (leer un libro, ver una película, comer en un restaurante, viajar fuera del pueblo o regalarle una bicicleta a su sobrino, en el relato de Truman), es sólo que no creía que estuvieran a su alcance. Lo que sí sentía en sus manos, lo hacía con convicción. Es esa la razón por la cual la tía nunca fue capaz de ver que sus acciones no trascendían. Ella amaba lo que hacía y eso le bastaba, no hubiera renunciado a hacerlo por nada del mundo, así el pueblo entero le hubiese dicho basta a sus tartas de navidad. Cualquiera que le discutiera sus actos sólo le habría causado una tristeza. O una gran irritación.
Recordaba esta historia la semana que pasó a raíz de la controversia pública desatada por la decisión ministerial de autorizar contratos con el Estado sólo a los profesores que quedaron en el tercio superior de su centro de estudios. Esa decisión se modificó atendiendo cuestionamientos razonables desde diversos sectores ciudadanos, pero a costa de tensiones y enfrentamientos innecesarios cuyo saldo han sido varias preguntas de difícil respuesta. Por ejemplo: ¿Cuál es la función de la opinión ciudadana y la crítica pública frente a las políticas y las decisiones gubernamentales? ¿Qué tan necesarias son, en realidad, dentro de un esquema de buen gobierno? ¿Hasta qué punto resulta indispensable que las políticas sean expresión de procesos de concertación plural y se apoyen en consensos amplios a nivel social? ¿Son una ayuda o un estorbo a la gobernabilidad la existencia de organismos y espacios de encuentro entre el Estado y las instituciones de sociedad civil?
Si hubiese que responderlas con sinceridad, es decir, detrás de cámaras, ninguna tendría una respuesta obvia. Lo que ocurre es que heredamos de nuestra historia republicana un Estado habituado a funcionar de manera centralizada y jerárquica, ajeno a toda forma de participación social, aunque sensible en extremo a la presión de los grupos de poder. Tuvimos en la década pasada una expresión calificada de este modelo de organización estatal, coherente con un esquema autoritario de gobierno donde la participación ciudadana fue apenas un concepto aplicado a los mítines y las elecciones. Diez años que reforzaron en el aparato público la antigua costumbre de bastarse a sí mismo para tomar decisiones, relegando el diseño de las políticas, en el mejor de los casos, a la pequeña mesa de los técnicos.
En el Perú, el surgimiento de los espacios de concertación de políticas, de participación ciudadana, de vigilancia social de la acción del Estado y de descentralización del poder político, representa una novedad reciente en el ejercicio de gobierno. Son apenas siete años en los cuales los diferentes sectores del Estado, incluido el de educación, han hecho esfuerzos inusitados de apertura y diálogo, compartiendo decisiones que por tradición se tomaron siempre a puertas cerradas. Esta apertura no ha estado libre de ambigüedades, excesos, recelos, insatisfacciones, frustraciones e incomodidades en ambas partes, expresiones inevitables de un proceso difícil pero necesario de aprendizaje mutuo. Del lado del Estado ha tenido que aprenderse a manejar las naturales desconfianzas y prejuicios, así como a escuchar a gente ajena con buena voluntad; del lado de la ciudadanía y sus instituciones, a conocer mejor el funcionamiento del Estado y sus reglas, así como a ejercer una crítica argumentada, que ayude a avanzar y a construir.
No obstante, no todos están dispuestos a aprender. Quienes, como la tía de Truman Capote, se han instalado en el hábito de hacer y decidir las cosas de una sola manera, en muchos casos con generosidad, entrega y abnegación, con absoluta buena fe, con entereza y convicción, pero siempre en pequeños círculos y sin mirar los resultados de sus acciones o sin que nadie los ponga nunca en tela de juicio, pueden escuchar con cierta paciencia voces disidentes, pero les resultará difícil evitar y disimular por mucho tiempo la desazón o la mortificación que les provoca el simple hecho que les discutan en público sus decisiones y sus actos. Además, en nuestra tradición patriarcalista, tan influida por el militarismo y el clericalismo, nada hay más agraviante que retar a la autoridad. Más aún a una autoridad que siente en conciencia estar cumpliendo con su deber de proveedor, con dedicación y esfuerzo. Como decían los abuelos, al padre no se le discute y es deber de los hijos disimular sus errores frente los demás para cuidar su imagen.
Lo que hay que recordar, sin embargo, es que la valoración de la participación ciudadana en las decisiones de política pública no ha sido una concesión histórica a ideologías de izquierda, sino una reivindicación social basta ecuménica y a la que no ha estado ajena la propia tradición liberal. Por ejemplo, el cuestionamiento al llamado «Estado benefactor» surgido en la década de los 80, acusado de estar sobredimensionado y omnipresente en todos los sectores de la vida económica y social, pero también centralizado en extremo y manejando con arbitrariedad las arcas fiscales, sin que por eso haya podido resolver los viejos problemas sociales, puso en agenda la necesidad de un Estado redimensionado, que gaste de modo más eficiente y demuestra mayor racionalidad en sus decisiones. Pero que también se democratice, pues el Estado no podía seguir actuando sin contrapesos institucionales ni de opinión pública, ni aprovechando del poder y sustituyendo el consenso por el clientelismo y la complicidad con ciertos sectores e intereses.
A pesar de todo, hay resistencias. Giandomenico Majone, uno de los expertos en política más reconocidos de la Unión Europea, sostiene que la administración pública convencional, tanto en regímenes autoritarios como en democráticos, es reticente para debatir en público, develar las razones de sus actos y rendir cuentas. Un motivo es esta dicotomía difícil de romper entre política y administración, que asume a los políticos como los que toman decisiones, mientras los funcionarios y técnicos de los sectores públicos sólo las ejecutan sin discutirlas. El otro motivo es el valor que se concede a la eficiencia y a la idea de que la decisión política es resultado de un conocimiento especializado que sólo posee el decisor. Así, la opinión pública y la participación ciudadana sólo se validan si no se limitan a la crítica, por más argumentada que fuera, y son capaces en todo caso de aportar a consideraciones técnicas de factibilidad y eficiencia.
Si Majone viviera en el Perú, podría agregar un tercer motivo para estas reticencias: la idea de que el mejor canal de expresión de la ciudadanía son las elecciones y que debe extender al gobierno que eligió una carta-poder para actuar en su nombre por cinco años, sin estar cuestionando sus decisiones a cada rato.
Para Majone, sin embargo, no basta el sustento racional y lógico de una medida si carece de soporte social, si no convence ni genera aliados entre los actores involucrados o afectados por la decisión. El sostiene que las políticas son un asunto público, siendo la opinión y participación ciudadana una condición de la democracia. Es por eso que argumentar, concertar, convencer y persuadir sería una exigencia ineludible para quienes tienen la función de decidir, pues a pesar de su importancia, la legitimidad de las decisiones va más allá de lo técnico. Su efectividad, en verdad, se juega también en la posibilidad de promover un pacto social alrededor de las soluciones, en su capacidad de convencer o corregir, modificando percepciones en ambos lados. Luego, la función del diálogo, la crítica y la participación ciudadana no sería sólo llegar a decisiones técnicamente sólidas, sino movilizar la más amplia discusión pública, considerando este solo hecho como un objetivo en sí mismo.
Es posible que debamos madurar también en el ejercicio de la crítica pública, formulando opiniones cada vez más y mejor informadas, que arriesguen o esbocen siempre soluciones alternativas, que consideren respuestas a los problemas del corto y el largo plazo a la vez, que también pongan el ojo en las fortalezas y las posibilidades abiertas por determinadas decisiones y que, además, cuiden el modo en que se formulan para no cerrar en vez de abrir los oídos del interlocutor. Pero, del otro lado, marcar a fuego a quienes ejercen su derecho a opinar y anotarlos en la lista de los enemigos, al estilo de un ex-gobernante extraditado que hoy rinde cuentas a la justicia, es la mejor forma de socavar la frágil institucionalidad democrática que este mismo señor nos legó. Es también una forma útil de fortalecer a los sectores más autoritarios e intolerantes de este viejo Estado burocrático, incómodos al extremo desde el día en que los obligaron a abrir sus puertas y ventanas, dejando al descubierto ante los ojos escrutadores de numerosos extraños su peculiar manera de preparar tartas de navidad.
Lima, 24 de febrero de 2008
Cada final de noviembre, la sexagenaria tía de Budy daba inicio a la temporada de las tartas de frutas. Desde hacía muchos años había inaugurado el hábito de regalarlas por navidad a medio pueblo, a pesar del profundo desinterés de sus vecinos por ella y por sus pasteles. Cada noviembre reiniciaba el mismo ritual: organizaba tómbolas de cosas viejas, vendía baldes de zarzamoras que ella y su pequeño sobrino recogían del bosque, así como tarros de mermelada casera y jalea de manzana o de melocotón en conserva, cuando no flores recogidas, ofrecidas en funerales o matrimonios. Todo con el fin de ahorrar para comprar las cerezas, cidras, jengibre, vainilla, piña hawaiana en lata, pecanas, pasas y nueces, whisky, harina, mantequilla, huevos, especias y esencias que necesitaba siempre para preparar sus tartas. Con el pasar de los años, ya sin Budy ni su mascota entrañable, ya sin fuerzas para levantarse de su lecho solitario, cada final de noviembre la tía de Budy seguía diciendo: «¡Vaya por Dios, ha llegado la temporada de las tartas de frutas!».
Así describía Truman Capote a su tía Sook en uno de sus cuentos autobiográficos («Un recuerdo navideño», 1956), una persona tan bondadosa y altruista como prisionera de sus creencias y sus rutinas. La tía era una señora honesta y generosa, entregada a sus tartas, empeñada en hacerlas bien. No es que careciera de otras aspiraciones (leer un libro, ver una película, comer en un restaurante, viajar fuera del pueblo o regalarle una bicicleta a su sobrino, en el relato de Truman), es sólo que no creía que estuvieran a su alcance. Lo que sí sentía en sus manos, lo hacía con convicción. Es esa la razón por la cual la tía nunca fue capaz de ver que sus acciones no trascendían. Ella amaba lo que hacía y eso le bastaba, no hubiera renunciado a hacerlo por nada del mundo, así el pueblo entero le hubiese dicho basta a sus tartas de navidad. Cualquiera que le discutiera sus actos sólo le habría causado una tristeza. O una gran irritación.
Recordaba esta historia la semana que pasó a raíz de la controversia pública desatada por la decisión ministerial de autorizar contratos con el Estado sólo a los profesores que quedaron en el tercio superior de su centro de estudios. Esa decisión se modificó atendiendo cuestionamientos razonables desde diversos sectores ciudadanos, pero a costa de tensiones y enfrentamientos innecesarios cuyo saldo han sido varias preguntas de difícil respuesta. Por ejemplo: ¿Cuál es la función de la opinión ciudadana y la crítica pública frente a las políticas y las decisiones gubernamentales? ¿Qué tan necesarias son, en realidad, dentro de un esquema de buen gobierno? ¿Hasta qué punto resulta indispensable que las políticas sean expresión de procesos de concertación plural y se apoyen en consensos amplios a nivel social? ¿Son una ayuda o un estorbo a la gobernabilidad la existencia de organismos y espacios de encuentro entre el Estado y las instituciones de sociedad civil?
Si hubiese que responderlas con sinceridad, es decir, detrás de cámaras, ninguna tendría una respuesta obvia. Lo que ocurre es que heredamos de nuestra historia republicana un Estado habituado a funcionar de manera centralizada y jerárquica, ajeno a toda forma de participación social, aunque sensible en extremo a la presión de los grupos de poder. Tuvimos en la década pasada una expresión calificada de este modelo de organización estatal, coherente con un esquema autoritario de gobierno donde la participación ciudadana fue apenas un concepto aplicado a los mítines y las elecciones. Diez años que reforzaron en el aparato público la antigua costumbre de bastarse a sí mismo para tomar decisiones, relegando el diseño de las políticas, en el mejor de los casos, a la pequeña mesa de los técnicos.
En el Perú, el surgimiento de los espacios de concertación de políticas, de participación ciudadana, de vigilancia social de la acción del Estado y de descentralización del poder político, representa una novedad reciente en el ejercicio de gobierno. Son apenas siete años en los cuales los diferentes sectores del Estado, incluido el de educación, han hecho esfuerzos inusitados de apertura y diálogo, compartiendo decisiones que por tradición se tomaron siempre a puertas cerradas. Esta apertura no ha estado libre de ambigüedades, excesos, recelos, insatisfacciones, frustraciones e incomodidades en ambas partes, expresiones inevitables de un proceso difícil pero necesario de aprendizaje mutuo. Del lado del Estado ha tenido que aprenderse a manejar las naturales desconfianzas y prejuicios, así como a escuchar a gente ajena con buena voluntad; del lado de la ciudadanía y sus instituciones, a conocer mejor el funcionamiento del Estado y sus reglas, así como a ejercer una crítica argumentada, que ayude a avanzar y a construir.
No obstante, no todos están dispuestos a aprender. Quienes, como la tía de Truman Capote, se han instalado en el hábito de hacer y decidir las cosas de una sola manera, en muchos casos con generosidad, entrega y abnegación, con absoluta buena fe, con entereza y convicción, pero siempre en pequeños círculos y sin mirar los resultados de sus acciones o sin que nadie los ponga nunca en tela de juicio, pueden escuchar con cierta paciencia voces disidentes, pero les resultará difícil evitar y disimular por mucho tiempo la desazón o la mortificación que les provoca el simple hecho que les discutan en público sus decisiones y sus actos. Además, en nuestra tradición patriarcalista, tan influida por el militarismo y el clericalismo, nada hay más agraviante que retar a la autoridad. Más aún a una autoridad que siente en conciencia estar cumpliendo con su deber de proveedor, con dedicación y esfuerzo. Como decían los abuelos, al padre no se le discute y es deber de los hijos disimular sus errores frente los demás para cuidar su imagen.
Lo que hay que recordar, sin embargo, es que la valoración de la participación ciudadana en las decisiones de política pública no ha sido una concesión histórica a ideologías de izquierda, sino una reivindicación social basta ecuménica y a la que no ha estado ajena la propia tradición liberal. Por ejemplo, el cuestionamiento al llamado «Estado benefactor» surgido en la década de los 80, acusado de estar sobredimensionado y omnipresente en todos los sectores de la vida económica y social, pero también centralizado en extremo y manejando con arbitrariedad las arcas fiscales, sin que por eso haya podido resolver los viejos problemas sociales, puso en agenda la necesidad de un Estado redimensionado, que gaste de modo más eficiente y demuestra mayor racionalidad en sus decisiones. Pero que también se democratice, pues el Estado no podía seguir actuando sin contrapesos institucionales ni de opinión pública, ni aprovechando del poder y sustituyendo el consenso por el clientelismo y la complicidad con ciertos sectores e intereses.
A pesar de todo, hay resistencias. Giandomenico Majone, uno de los expertos en política más reconocidos de la Unión Europea, sostiene que la administración pública convencional, tanto en regímenes autoritarios como en democráticos, es reticente para debatir en público, develar las razones de sus actos y rendir cuentas. Un motivo es esta dicotomía difícil de romper entre política y administración, que asume a los políticos como los que toman decisiones, mientras los funcionarios y técnicos de los sectores públicos sólo las ejecutan sin discutirlas. El otro motivo es el valor que se concede a la eficiencia y a la idea de que la decisión política es resultado de un conocimiento especializado que sólo posee el decisor. Así, la opinión pública y la participación ciudadana sólo se validan si no se limitan a la crítica, por más argumentada que fuera, y son capaces en todo caso de aportar a consideraciones técnicas de factibilidad y eficiencia.
Si Majone viviera en el Perú, podría agregar un tercer motivo para estas reticencias: la idea de que el mejor canal de expresión de la ciudadanía son las elecciones y que debe extender al gobierno que eligió una carta-poder para actuar en su nombre por cinco años, sin estar cuestionando sus decisiones a cada rato.
Para Majone, sin embargo, no basta el sustento racional y lógico de una medida si carece de soporte social, si no convence ni genera aliados entre los actores involucrados o afectados por la decisión. El sostiene que las políticas son un asunto público, siendo la opinión y participación ciudadana una condición de la democracia. Es por eso que argumentar, concertar, convencer y persuadir sería una exigencia ineludible para quienes tienen la función de decidir, pues a pesar de su importancia, la legitimidad de las decisiones va más allá de lo técnico. Su efectividad, en verdad, se juega también en la posibilidad de promover un pacto social alrededor de las soluciones, en su capacidad de convencer o corregir, modificando percepciones en ambos lados. Luego, la función del diálogo, la crítica y la participación ciudadana no sería sólo llegar a decisiones técnicamente sólidas, sino movilizar la más amplia discusión pública, considerando este solo hecho como un objetivo en sí mismo.
Es posible que debamos madurar también en el ejercicio de la crítica pública, formulando opiniones cada vez más y mejor informadas, que arriesguen o esbocen siempre soluciones alternativas, que consideren respuestas a los problemas del corto y el largo plazo a la vez, que también pongan el ojo en las fortalezas y las posibilidades abiertas por determinadas decisiones y que, además, cuiden el modo en que se formulan para no cerrar en vez de abrir los oídos del interlocutor. Pero, del otro lado, marcar a fuego a quienes ejercen su derecho a opinar y anotarlos en la lista de los enemigos, al estilo de un ex-gobernante extraditado que hoy rinde cuentas a la justicia, es la mejor forma de socavar la frágil institucionalidad democrática que este mismo señor nos legó. Es también una forma útil de fortalecer a los sectores más autoritarios e intolerantes de este viejo Estado burocrático, incómodos al extremo desde el día en que los obligaron a abrir sus puertas y ventanas, dejando al descubierto ante los ojos escrutadores de numerosos extraños su peculiar manera de preparar tartas de navidad.
Lima, 24 de febrero de 2008
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