
Fotografía © fondazioneperlascuola/ www.flickr.com
Imagínese usted que tiene la oportunidad de hacer un tour por más de 20 escuelas públicas de Lima y conocer de primera mano cómo se enseña y se aprende matemática en las aulas de sexto grado. Observa a los profesores, habla con los niños, revisa sus cuadernos y los ejercicios que usualmente realizan. Suponga, además, que tiene ocasión de mirar los resultados de una prueba aplicada a estas mismas escuelas para saber si lograron la habilidad matemática que se esperaría de todos los que concluyen la primaria.
Suponga ahora que después de este largo recorrido, usted empieza a escribir en su libretita verde el inventario de las preocupaciones que le fueron surgiendo. Por ejemplo, que la mayor parte de los docentes de estas escuelas no usan el currículo oficial vigente, sino versiones anteriores e incluso ya caducas por su antigüedad; que emplean muy poco los textos de ejercicios matemáticos que el Ministerio de Educación les distribuye; y que más del 80% de los ejercicios que los niños hacen en sus cuadernos consiste en memorizar, hacer cálculos simples y aplicar reglas de manera mecánica.
Usted ha encontrado además escasísimos ejercicios que requieren pensar, por ejemplo, hacer uso reflexivo de diversos conceptos matemáticos o ensayar varias maneras de resolver un mismo problema. También ha anotado que la mayor parte de cuadernos está corregida con una simple marca, sin mensajes del profesor que expliquen al niño en qué y por qué se equivocó; o que muchas veces el maestro marca buena una respuesta errónea y viceversa. Finalmente, al culminar sus visitas usted ha comprobado que mientras más pobre sea la escuela, los problemas anotados se hacen más graves.
Ahora imagínese que a usted le encargan una Dirección Regional de Educación en algún lugar del país. Una vez en el cargo, usted tiene que responsabilizarse de la planilla, los contratos y traslados de docentes, el pago de servicios, el presupuesto, las transferencias, informes regulares a distintas dependencias del Ministerio de Economía, a la Contraloría General, a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y al propio Ministerio de Educación, que no cesa de enviarle memorandos y directivas haciéndole encargos de todo calibre, todos urgentes por cierto y siempre decididos en Lima.
En ese panorama, uno podría preguntarse hasta qué punto los aprendizajes que el currículo exige y las escuelas deben garantizar, así como las barreras que se lo impiden, son la preocupación principal de las oficinas regionales y locales que gestionan la educación escolar, la fuente que determina sus prioridades, presupuestos y planes de trabajo. Si no lo son ¿Quién se hará cargo del tipo de problemas que usted anotó en su libretita verde? Todos ellos plantean desafíos directos a la gestión, demandándole respuestas algo menos simples que más horas de capacitación docente o más directivas explicativas.
Estos problemas fueron encontrados por Santiago Cueto y un equipo de investigación de GRADE hace seis años y siguen allí, pese a que aprender matemática ha sido la eterna prioridad de las políticas. Pero si el Estado sigue induciendo a la gestión educativa regional a funcionar como un mecanismo de atención a sus requerimientos políticos, normativos y administrativos, sin asumir responsabilidad por los aprendizajes, allí se quedarán.
Publicado en Pluma y Oído
Coordinadora Nacional de Radio
Lima, viernes 28 de Mayor de 2009



