Fotografía © reminem/ www.flickr.com
Si usted tuvo la ocasión de ver los tres episodios de El Padrino, películas inolvidables basadas la novela del mismo nombre escrita por Mario Puzo en 1969, no le será difícil comprender cómo un personaje con poder puede ser compasivo y protector, a la vez que ladrón y asesino. Quienes recuerdan a Pablo Escobar, famoso narcotraficante colombiano abatido en 1993, sabrán también que quien fue sindicado responsable de más de 4 mil homicidios y jefe de una de las mafias más poderosas de ese país, fue al mismo tiempo un hombre muy querido por los pobladores de las comunidades que protegió y benefició con servicios públicos que el Estado no les proveía.
La semana pasada escuché en el taxi la llamada telefónica de una señora al programa radial de Jorge Bruce, contestando los argumentos empleados por otros radioyentes para justificar a Alberto Fujimori, ex-presidente peruano que acaba de ser condenado a 25 años de prisión por autoría mediata de crímenes de lesa humanidad durante su gobierno. Los defensores del acusado se quejaban de ingratitud, una palabra que en las últimas horas han repetido mucho. Es decir, cómo podemos los peruanos atrevernos a acusar y a condenar a una persona que ha hecho tanto por nosotros.
La señora en cuestión decía, por el contrario, si acaso un padre que provee a sus hijos de alimento, salud y educación -como Vito Corleone con su familia- tiene licencia para violar y abusar. Y si acaso puede llamarse ingratitud a la reacción de los hijos en contra de la prepotencia, la arbitrariedad y la violencia del padre.
En efecto, pareciera que la penosa tradición autoritaria y militarista de nuestra historia republicana, aristocrática y elitista por añadidura, hubiese predispuesto a vastos sectores sociales a la indulgencia. A una indulgencia ciega con quien abusa del poder y lo ejerce en su provecho, siempre y cuando atienda sus necesidades en alguna medida. Al General Manuel Odría, dictador y golpista que gobernó el Perú a mediados del siglo XX metiendo a la cárcel a todos sus opositores, se le atribuye la famosa frase: la democracia no se come. Coherentemente, el hizo mucha obra pública y tuvo apoyo popular.
Quienes ya tenían edad para entrar al cine en 1971 recordarán a «Harry el Sucio», inspector del Departamento de Policía de San Francisco encarnado por Clint Eastwood, que transgredía la ley para ganar eficacia en su rol policíaco. El personaje de esta notable película dirigida por Don Siegel proyectó la imagen de un hombre enérgico y eficaz, capaz de resolver problemas, pero también la del respeto al derecho como obstáculo a la justicia.
Tristemente, esa es una noción de Estado y de gobernabilidad que traspasa las fronteras del llamado fujimorismo. En ella se educa a los ciudadanos desde un modo de gestionar la política pública, cuando se valida cualquier medio ilegal o abusivo si el fin es bueno y representa un atajo para obtener resultados que la gente aplaudiría. El mensaje es claro: es lícito violar la ley, ignorarla con disimulo o emplear artilugios para simular que se cumple, cada vez que convenga.
En la otra orilla, el juez César San Martín y el digno tribunal que lo acompañó, respetando derechos que el régimen del acusado denigró, nos han dado una lección cívica que deberían recoger los textos escolares y enseñarse en las escuelas. Aquellos convencidos de que el fin justifica los medios, tendrán que aprenderse ahora un nuevo refrán: aquí lo que se hace se paga. Hasta pronto.
Publicado en Pluma y Oído
Coordinadora Nacional de Radio
Lima, viernes 10 de abril de 2009
Si usted tuvo la ocasión de ver los tres episodios de El Padrino, películas inolvidables basadas la novela del mismo nombre escrita por Mario Puzo en 1969, no le será difícil comprender cómo un personaje con poder puede ser compasivo y protector, a la vez que ladrón y asesino. Quienes recuerdan a Pablo Escobar, famoso narcotraficante colombiano abatido en 1993, sabrán también que quien fue sindicado responsable de más de 4 mil homicidios y jefe de una de las mafias más poderosas de ese país, fue al mismo tiempo un hombre muy querido por los pobladores de las comunidades que protegió y benefició con servicios públicos que el Estado no les proveía.
La semana pasada escuché en el taxi la llamada telefónica de una señora al programa radial de Jorge Bruce, contestando los argumentos empleados por otros radioyentes para justificar a Alberto Fujimori, ex-presidente peruano que acaba de ser condenado a 25 años de prisión por autoría mediata de crímenes de lesa humanidad durante su gobierno. Los defensores del acusado se quejaban de ingratitud, una palabra que en las últimas horas han repetido mucho. Es decir, cómo podemos los peruanos atrevernos a acusar y a condenar a una persona que ha hecho tanto por nosotros.
La señora en cuestión decía, por el contrario, si acaso un padre que provee a sus hijos de alimento, salud y educación -como Vito Corleone con su familia- tiene licencia para violar y abusar. Y si acaso puede llamarse ingratitud a la reacción de los hijos en contra de la prepotencia, la arbitrariedad y la violencia del padre.
En efecto, pareciera que la penosa tradición autoritaria y militarista de nuestra historia republicana, aristocrática y elitista por añadidura, hubiese predispuesto a vastos sectores sociales a la indulgencia. A una indulgencia ciega con quien abusa del poder y lo ejerce en su provecho, siempre y cuando atienda sus necesidades en alguna medida. Al General Manuel Odría, dictador y golpista que gobernó el Perú a mediados del siglo XX metiendo a la cárcel a todos sus opositores, se le atribuye la famosa frase: la democracia no se come. Coherentemente, el hizo mucha obra pública y tuvo apoyo popular.
Quienes ya tenían edad para entrar al cine en 1971 recordarán a «Harry el Sucio», inspector del Departamento de Policía de San Francisco encarnado por Clint Eastwood, que transgredía la ley para ganar eficacia en su rol policíaco. El personaje de esta notable película dirigida por Don Siegel proyectó la imagen de un hombre enérgico y eficaz, capaz de resolver problemas, pero también la del respeto al derecho como obstáculo a la justicia.
Tristemente, esa es una noción de Estado y de gobernabilidad que traspasa las fronteras del llamado fujimorismo. En ella se educa a los ciudadanos desde un modo de gestionar la política pública, cuando se valida cualquier medio ilegal o abusivo si el fin es bueno y representa un atajo para obtener resultados que la gente aplaudiría. El mensaje es claro: es lícito violar la ley, ignorarla con disimulo o emplear artilugios para simular que se cumple, cada vez que convenga.
En la otra orilla, el juez César San Martín y el digno tribunal que lo acompañó, respetando derechos que el régimen del acusado denigró, nos han dado una lección cívica que deberían recoger los textos escolares y enseñarse en las escuelas. Aquellos convencidos de que el fin justifica los medios, tendrán que aprenderse ahora un nuevo refrán: aquí lo que se hace se paga. Hasta pronto.
Publicado en Pluma y Oído
Coordinadora Nacional de Radio
Lima, viernes 10 de abril de 2009
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